La reforma educativa de 2012-2013 en México es una reforma constitucional presentada por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, dentro del marco de los acuerdos y compromisos establecidos en el Pacto por México. Fue aprobada por la Cámara de Diputados el 20 de diciembre de 2012 y por el Senado de la República el 21 de diciembre del mismo año. En febrero de 2013, la reforma fue declarada constitucional por el Poder Legislativo Federal, promulgada por el Ejecutivo el 25 de febrero de 2013 y publicada al día siguiente en el Diario Oficial de la Federación. El 10 de septiembre de 2013, Peña Nieto promulgó la reforma a la Ley General de Educación, la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y la Ley General del Servicio Profesional Docente; los tres decretos fueron publicados en el Diario Oficial al día siguiente.
Las acciones y discursos del gobierno federal en torno a la llamada reforma educativa se han convertido en factor de polarización social y política en nuestro país. Sus impulsores y defensores han generado grandes expectativas respecto de la mejora del sistema educativo nacional. En realidad esta reforma sólo ha constituido un engaño, un mito y un fraude.
El engaño radica en que se ha hecho creer a la sociedad que cambios normativos –cuyos propósitos son el control político y laboral de los maestros, el realineamiento y continua sumisión del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) al partido oficial y al gobierno, y el sometimiento de otras organizaciones gremiales de oposición– son una reforma educativa de verdad, enfocada al mejoramiento de la educación pública. La evidencia del engaño es la ausencia de una propuesta educativa general, que tuviera como referente la realidad actual, las necesidades del país y el proyecto de desarrollo nacional, a la que correspondiera una filosofía educativa bien definida y planteamientos pedagógicos consistentes.
Problemas
El engaño se funda en un mito insostenible: la evaluación de profesores de educación básica es la acción fundamental para elevar la calidad educativa. La evaluación, que es la propuesta central y casi única de lo que han dado en llamar reforma educativa, tendrá efectos en las nuevas contrataciones, la promoción, la carrera magisterial y la remoción de maestros del trabajo docente. Ninguna de estas acciones produce por sí misma una mejora de la educación.
El mito está sustentado en la denostación y desprestigio intencional de los maestros mexicanos, a quienes se les presenta como el problema principal de la educación en México. En esto han jugado un papel fundamental las campañas de Televisa y las diatribas del grupo de presión Mexicanos Primero. Para la Secretaría de Educación Pública (SEP) y estos grupos el problema son los maestros, y la solución que han puesto en práctica son estas medidas de control.
El fraude radica en que tanto la SEP como el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) saben que las evaluaciones que han propuesto son impracticables. Que sólo están en condiciones de realizar valoraciones superficiales e incompletas. Que éstas no tendrán los resultados que les han atribuido y que impactarán negativamente las condiciones profesionales, laborales y de vida de decenas de miles de maestros mexicanos.
Desde la creación del INEE, en documentos oficiales y declaraciones de su presidenta, se ha señalado que la evaluación docente no podía ser homogénea, sino que era necesario considerar en las acciones de evaluación, desde el sistema educativo y hasta el aula de clases, la diversidad de realidades, culturas y lenguas que existen en el país, lo que sin duda es una de sus mayores riquezas (INEE, La evaluación en el contexto de la reforma educativa).
De acuerdo con las normas y leyes establecidas, la SEP, bajo la autoridad del INEE, realizará cuatro tipos de evaluaciones: para el ingreso a la profesión docente, para la promoción (la que se acaba de realizar), para la permanencia y para promoción en la función por incentivos, antes carrera magisterial.
La evaluación más problemática es la de permanencia. Según la ley, 1.4 millones de maestros tienen que ser evaluados cada cuatro años. De ello depende su continuidad en el ejercicio de la labor docente. Significa que cada año tendrán que ser evaluados más de 350 mil maestros, sólo en esta modalidad. El INEE y la SEP nos hacen creer que pueden concretar una evaluación completa y a profundidad, que atienda la diversidad y heterogeneidad existentes en el país. Ellos saben que esto es imposible. Por eso es un fraude.
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